Por Sin Reservas
Con relación a la «Operación Coral», el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), informó que fueron incautadas 20 propiedades
Al ofrecer declaraciones tras concluir los más recientes allanamientos Wilson Camacho, dijo que si se hace necesario habran más apresamientos y que no pararan hasta recuperar el último centavo robado al Estado por esta red mafiosa.
Dijo que las búsquedas fueron realizadas en el Distrito Nacional, La Vega, Monte Plata, San Francisco de Macorís y Santo Domingo, y que las propiedades pertenecen a Cáceres Silvestre y al coronel de la policía Nacional Rafael Núñez de Aza.
Las propiedades incautadas son: una finca de auyama y chinola de 249 tareas y una de piña de 754 tareas en Chirino, Monte Plata. Varias fincas de cacao en la carretera de Camarón, en Los Botados, Yamasá, de la misma provincia.
También en Monte Plata, una finca de limones en Hato San Pedro, Arroyo La Guama. Los que lo ocupan presentaron a los fiscales documentos de compra del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
Una finca de ajíes, cebolla y berenjena y una granja de cerdos de 400 tareas, en la carretera de las Palmas, Santo Cerro, La Vega. Y un terreno con una casa en Jarabacoa, todas propiedad de Núñez de Aza.
La Plaza Randa II (fábrica de blocks, un drink de dos niveles llamado Eyron Stop y otro llamado Núñez, y una banca de lotería llamada AB), en El Bombillo, Las Taranas, Villa Riva, en la carretera San Francisco de Macorís – Nagua.
La «Operación Coral» sindica al mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, exjefe de escolta del expresidente de la República Danilo Medina; como el cabecilla de la red que estafó al Estado.
Otros involucrados son Rossy Guzmán Sánchez, alias La Pastora; el teniente coronel de la Policía, Rafael Núñez de Aza; el mayor de la Policía Raúl A. Girón Jiménez; el cabo de la Policía e hijo de la pastora, Tanner Antonio Flete Guzmán y el sargento Alejandro José Montero Cruz.
Están acusados de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
De acuerdo a las investigaciones que realizó la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), cuando en el 2012, el expresidente Danilo Medina, llegó al poder, Cáceres Silvestre comenzó a crear un entramado militar-policial, social y religioso para distraer fondos del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia(Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
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